La doctrina Parot y los males endémicos.

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Julio Manuel Vega Benítez. Abogado.

A nadie se le escapa que el Estado Español está sufriendo una involución a muchos niveles (social, cultural, económico, laboral, educativo, …). Prueba de ello es ese retrógrado intento de culpar a lo extranjero de los males que acucian el país, que tiene un cierto tufo a tiempos pasados y que creíamos pretéritos. La culpable de nuestros males económicos parece ser Alemania (y en concreto Ángela Merkel), volvemos a tener conflictos sobre la soberanía de Gibraltar y, lo que ahora nos atañe, el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo deja en la calle a un gran número de peligrosos criminales, muchos de ellos pertenecientes al comando terrorista E.T.A. que nuestros órganos judiciales habían conseguido mantener en prisión. Sin embargo, la realidad no es tan simple, y el Estado Español debe hacer autocrítica en relación a la doctrina Parot, y los errores judiciales cometidos en la aplicación de ésta en lugar de culpar al mencionado Tribunal de Derechos Humanos.

La doctrina Parot se estableció a partir de la resolución de un recurso presentado por el miembro de E.T.A. Henri Parot (Condenado a casi 4.800 años de prisión por 82 asesinatos cometidos entre 1978 y 1990) mediante la Sentencia de 28 de Febrero de 2006 dictada por el Tribunal Supremo, la cual dictamina que los beneficios penitenciarios no se aplicarían teniendo en cuenta el máximo legal permitido de años de permanencia en prisión que el Código Penal de 1973 fijaba en 30, sino que se aplicaría de forma individual sobre cada una de las condenas a las que el preso hubiese sido condenado empezando por aquellas de mayor duración, contradiciendo la doctrina imperante hasta el momento, que se recogía en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 8 de Marzo de 1994, la cual señalaba que el límite de 30 años previsto en el artículo 70.2 del Código Penal de 1973 debía considerarse “una pena nueva y autónoma”, y por tanto, los beneficios penitenciarios debían aplicarse a esta pena nueva y autónoma de 30 años de permanencia máxima en prisión.

La llamada doctrina Parot debe ponerse en relación con el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, “no hay pena sin ley”, que establece entre otras cosas que “no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida”, o, para evitar suspicacias sobre la injerencia de los poderes extranjeros en la soberanía del Estado Español, con el artículo 9.3 de la Constitución Española, que dispone que están garantizados “el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

 Si atendemos por tanto a lo dispuesto en el artículo 100 del código penal de 1973, aplicable en cuanto a la redención de las penas, observamos que dicho artículo dispone que “podrán redimir su pena con el trabajo, desde que sea firme la sentencia respectiva, los reclusos condenados a penas de reclusión, prisión y arresto mayor. Al recluso trabajador se abonará, para el cumplimiento de la pena impuesta, previa aprobación del Juez de vigilancia, un día por cada dos de trabajo, y el tiempo así redimido, se le contará también para la concesión de la libertad condicional. El mismo beneficio se aplicará, a efecto de liquidación de su condena, a los reclusos que hayan estado privados provisionalmente de libertad”, y sin entrar en el debate sobre las diferencias entre la palabra “pena” y la palabra “condena” y cuál de ellas se refiere al máximo de años de permanencia en prisión, lo cierto es que hasta el año 2006, dicho artículo se interpretaba de la forma más favorable al preso, esto es, aplicando los beneficios penitenciaros sobre los 30 años previstos en el artículo 70.2 del Código Penal de 1973, y por tanto, los presos como Inés del Río, y numerosos otros, esperaban de la justicia española un trato similar al que hasta 2006 había venido recibiendo el resto de presos.

  Por lo tanto la doctrina Parot encuentra su principal escollo, su gran lastre, en la previa Sentencia del mismo Tribunal Supremo de 8 de Marzo de 1994, y cuya aplicación no fue discutida hasta el año 2006. Ni tan siquiera puede el Estado Español escudarse en un cambio en la tendencia jurisprudencial, dado que entre dicha Sentencia y la Sentencia de 28 de Febrero de 2006 del caso de Henri Parot, no existe ningún pronunciamiento de dicho órgano que pudiese poner en preaviso a los presos sobre una modificación en la doctrina acerca del cómputo de los beneficios penitenciarios sobre las penas, y que se dejase de considerar el máximo de 30 años como una pena nueva y autónoma, por lo que un cambio jurisprudencial desfavorable a los mismos sería contrario al principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables anteriormente comentado, vulnerándose la seguridad jurídica de los condenados.

No es un hecho baladí, que ya el Tribunal Constitucional, en la Sentencia de 28 de Abril de 2008, hubiese realizado una primera modificación de la aplicación de la doctrina Parot en el sentido de descontar el tiempo que un recluso ha permanecido en prisión provisional a efectos de cómputo de la pena, de todas las condenas firmes, para así evitar una vulneración del derecho a la libertad del preso, dado que hasta dicho momento, el tiempo de prisión provisional no estaba siendo computado en relación a los beneficios penitenciarios de los condenados a los que se le aplicaba la doctrina Parot.

Como todos sabemos, con posterioridad a la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 28 de Febrero de 2006, Inés del Río Prada, presa por delitos vinculados con el terrorismo, presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, obteniendo una primera resolución favorable a sus pretensiones el 10 de Julio de 2012, según Sentencia 32/2012 de la Sala Pequeña de dicho Tribunal, y posteriormente nueva resolución favorable el reciente día 21 de Octubre de 2013, según Sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En conclusión, el principal problema de que se haya tumbado la doctrina Parot no es tanto un problema de índole externo, del mal extranjero que incesantemente ataca los valores del Estado Español como nos quieren hacer creer sino que, principalmente, se trata de un problema interno, endémico, tan castizo como el hacer las cosas mal en un principio y luego querer solucionarlas a última hora, cuando ya es tarde, haciendo una “chapuza”.

Julio Manuel Vega Benítez. Abogado

Contacto del autor:

 julio.vega@vegasantanaabogados.com

www.vegasantanaabogados.com

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